Foto: Declic.ro
Miles de ciudadanos han salido a protestar después de que la cadena pública rumana emitiera el pasado 10 de diciembre un documental de investigación sobre la captura del sistema judicial por parte de una élite política y judicial. Las escenas recuerdan a las multitudinarias manifestaciones de 2017, cuando más de medio millón de rumanos se echaron a la calle para defender el Estado de derecho.
El documental titulado “Justicia Capturada”, fruto de dos años de investigación y producido por la plataforma independiente de periodismo de investigación Recorder, ha acumulado millones de visualizaciones en pocos días y ha provocado una respuesta inmediata en la sociedad rumana. En él se expone, a través de testimonios de magistrados y exmagistrados, algunos en el anonimato, cómo casos de corrupción que involucran a políticos y empresarios han sido deliberadamente retrasados hasta que prescriben o se resuelven con absoluciones cuestionables.
Se describe un pacto entre políticos y magistrados en el que los políticos establecen un marco legal para crear una organización piramidal del sistema judicial que concentra el poder en un pequeño grupo de magistrados afines, quienes, a cambio, ofrecen un sistema de justicia que no moleste a los poderosos. Asimismo, señala que varios jueces y fiscales que habían denunciado a lo largo de los años abusos sistémicos fueron transferidos, degradados, investigados o directamente despedidos, lo que sugiere un mecanismo de control y represalia contra los magistrados independientes.
La investigación revela que los problemas estructurales del sistema judicial rumano no solo no se han resuelto desde 2017, sino que se han agravado. Bruselas mantuvo el sistema judicial de Rumanía bajo supervisión especialmente después de su adhesión a la UE en 2007, pero tras levantarse esta supervisión en 2023, el ritmo de las investigaciones anticorrupción se ralentizó.
La respuesta ciudadana
La noche del 10 de diciembre, cuando se emitió el documental, cientos de personas se congregaron espontáneamente frente a la sede del Consejo Superior de la Magistratura en Bucarest, coreando consignas como “Justicia, no mafia”, “Queremos justicia, no inmunidad” y “Magistrados independientes, no obedientes”. Al día siguiente, las protestas continuaron con casi mil manifestantes reunidos en la Plaza Victoria, frente al edificio del gobierno, y, a lo largo de la semana, las protestas se han ido extendiendo a otras ciudades y se prevé que continúen.
Mientras tanto más de 500 jueces y fiscales rumanos han firmado una carta abierta en redes sociales, en la que denuncian abusos sistémicos en el sistema judicial. Por su parte, el primer ministro Ilie Bolojan ha invitado a los magistrados a reunirse y ha prometido analizar la información publicada en el documental. El ministro de Justicia, Radu Marinescu, ha prometido sanciones si se prueban los retrasos deliberados en casos judiciales y el Consejo Superior de la Magistratura ha tildado el documental de un “ataque coordinado” y su sección de fiscales ha anunciado verificaciones de las acusaciones.
El eco de las protestas del 2017
Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Rumanía, es imprescindible remontarse a 2017, cuando el país vivió las mayores protestas desde la caída del comunismo en 1989.
El 31 de enero de 2017, el gobierno liderado por el Partido Socialdemócrata (PSD) aprobó en secreto y en plena noche el Decreto Ley 13 (OUG 13), que modificaba el Código Penal despenalizando parcialmente algunos delitos de corrupción en casos de abuso de poder, una medida que fue interpretada como un intento de proteger a políticos corruptos.
La reacción fue instantánea y masiva. El 1 de febrero comenzaron las manifestaciones que culminaron el 5 de febrero de 2017 con más de 500.000 rumanos protestando en todo el país , 250.000 solo en Bucarest, . Las protestas lograron que el gobierno retirara la ordenanza el 5 de febrero y forzaron la dimisión del ministro de Justicia, Florin Iordache.
Ambas oleadas de protestas comparten ciertas similitudes:
El tema: En ambos casos, el sistema judicial está en el centro del conflicto. Los rumanos en ambos casos perciben intentos de capturar o debilitar la independencia judicial para proteger a las élites políticas y económicas.
El factor sorpresa: En 2017, la OUG 13 se aprobó de noche y en secreto. El documental ha funcionado como el catalizador inesperado que ha sacado a la luz lo que muchos sospechaban, pero no podían probar.
La espontaneidad: Ambas protestas surgieron de forma orgánica, sin una convocatoria formal centralizada. En 2017, las redes sociales jugaron un papel crucial en la movilización. En el caso actual la viralización del documental en YouTube y su emisión en televisión pública han tenido un efecto similar.
El respaldo internacional: En 2017, la Unión Europea y Estados Unidos expresaron públicamente su preocupación. Ahora, aunque más discretamente, la UE observa con inquietud, especialmente tras haber levantado el Mecanismo de Cooperación y Verificación sobre Rumanía en 2023.
Las demandas: Los manifestantes piden dimisiones, reformas legislativas y protección para los magistrados que denuncian irregularidades. En 2017, exigían la retirada de la OUG 13 y la dimisión del gobierno. En 2025, reclaman las renuncias de Lia Savonea (presidenta del Tribunal Supremo), la cúpula de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), el ministro de Justicia Radu Marinescu y el ex ministro del Interior Cătălin Predoiu.
Sin embargo, también hay diferencias importantes:
La magnitud inicial: Mientras que en 2017 las protestas alcanzaron rápidamente los cientos de miles, en 2025 las movilizaciones son de momento más moderadas en tamaño, aunque el respaldo de magistrados ha sido más explícito desde el inicio.
El papel de las instituciones: El actual presidente Nicușor Dan ha adoptado una postura más cautelosa que la de su predecesor Klaus Iohannis en 2017, quien se unió directamente a las protestas. Dan, quien ha sido criticado por su tibieza, ha pedido a los magistrados que le escriban sobre los problemas a los que se enfrentan y tiene previsto reunirse con ellos el próximo día 22 de diciembre.
La ciudadanía con estas protestas cuestiona de nuevo la capacidad de las instituciones para resolver el problema. Como señalaron analistas tras las protestas de 2017, estas movilizaciones representan un contrapeso importante, pero no pueden sustituir a una oposición parlamentaria robusta y un sistema funcional de controles institucionales. La pregunta es si esta vez finalmente sucederá algo o si Rumanía está condenada a repetir el ciclo de protesta, promesa y retroceso que ha marcado su lucha por una justicia independiente.
