La reforma fiscal aviva las protestas

360º

Foto: Digi 24 – Inquam photos / Octav Ganea

Ayer se sucedieron de nuevo las protestas contra la reforma del código fiscal en las principales ciudades rumanas y frente a embajadas y consulados de varias capitales europeas. Miles de personas se unieron a las manifestaciones que en la capital se saldaron con un manifestante multado por arrojar rollos de papel higiénico y dos detenidos por negarse a identificarse ante la policía.

En Bucarest apróximadamente 2000 personas marcharon desde la sede del Gobierno en Plaza de la Victoria hasta la sede del Partido Social Demócrata, actual partido en el poder, para protestar contra el nuevo decreto ley, aprobado el miércoles y publicado el viernes en el BOE, que introduce una serie de modificaciones en el Código Fiscal.

Concretamente las nuevas medidas contempladas por el Decreto Ley traspasan el pago de las contribuciones sociales del empleador al empleado quien deberá hacerse cargo de las mismas lo que podría implicar una reducción del salario bruto de los empleados. El decreto al parecer contraviene la legislación en vigor dado que cualquier modificación del Código Fical debe efectuarse con un mínimo de seís meses para poder hacer una previsión financiera si bien este decreto ha sido aprobado dos meses antes de finalizar el año para que entre en aplicación a partir del 1 de Enero del 2018.

El Consejo Fiscal expresó el viernes su preocupación por este nuevo paquete legislativo y señaló en su comunicado oficial que “las medidas adoptadas comportan grandes riesgos y la pérdida de grandes sumas de capital a largo plazo”.

El presidente Klaus Iohannis también fue muy crítico con la nueva reforma declarando que “le parece una medida total inoportuna y precipitada y que debería haberse hecho una evaluación y simulación previa del impacto económico de la medida”.

El martes 10.000 empleados de la fábrica de coches Dacia protestaron contra esta medida y el miércoles al conocerse la noticia se produjeron las primeras protestas espontáneas en Bucarest donde unas 300 personas protestaron frente a la sede del Gobierno arrojando de forma simbólica rollos de papel higiénico. A lo largo de la semana sindicatos, patronal y ciudadanos han mostrado su malestar por la aprobación y publicación de este nuevo Decreto Ley y han anunciado movilizaciones generales en las próximas semanas. Los sindicatos solicitarán esta semana al Defensor del Pueblo que presente un recurso de incostitucionalidad frente al TC.

Reforma de la Justicia

La semana pasada el Ministro de Justicia, Tudorel Toader, fue a Bruselas para hablar con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Franss Timmermans, sobre las modificaciones previstas en materia de justicia en la nueva ley que se debatirá esta semana. Timmermans sugirió que para algunas de las modificaciones propuestas debería solicitarse el visto bueno de los expertos internacionales de la Comisión de Venecia.

Ante estas recomendaciones el anterior Ministro de Justicia Florin Iordache, iniciador del polémico Decreto Ley 13, que provocó las mayores protestas ciudadanas de los últimos 27 años, declaró que “será el Parlamento rumano el que decida si se dirigen o no a la Comisión de Venecia en función de si el texto adoptado va en la línea de las recomendaciones hechas por dicha Comisión o no. En caso de ser similares no se dirigirán a dicha Comisión”.

En relación a esta misma Ley el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por segunda vez las modificaciones propuestas del borrador tal y como anteriormente hicieran la Audiencia Nacional, la Agencia Nacional Anticorrupción y la Agencia Nacional de Investigación de Terrorismo y Crimen Organizado.

Comisión de Venecia

Es un organismo del Consulta del Consejo de Europa creado en 1990 para resolver problemas constitucionales. Está constituida por 61 estados y sus miembros son profesores universitarios de derecho internacional, jueces de tribunales superiores y constitucionales, miembros de parlamentos nacionales y funcionarios públicos cuyo mandato dura 4 años. Ofrece asesoría jurídica a los estados miembros y les ayuda a alinear sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos. La consulta a esta comisión pueden solicitarla los estados miembros a través de sus parlamentos, gobiernos o presidentes. El representante de Rumania en la Comisión es el actual Ministro de Justicia, Tudorel Toader.

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