La batalla por la Justicia

Talía Delgado December 22, 2017 0
La batalla por la Justicia

Foto: Adevarul.ro

El Senado votó ayer la ley de funcionamiento del Consejo Superior de Magistratura última del paquete de leyes de reforma de la Justicia. La primera ley aprobada la semana pasada fue la que modificaba el Estatuto de los Magistrados y esta semana se han aprobado las otras dos, la la ley de la Organización Judicial y la ley de funcionamiento del Consejo Superior de Magistratura. Una vez aprobadas deberán ser promulgadas por el Presidente.

Las comisiones parlamentarias han debatido las leyes en procedimiento de urgencia en jornadas maratonianas hasta altas horas de la noche, cuando a lo largo del año suelen reunirse uno o dos días en semana y en años anteriores en vísperas de Navidad apenas han tenido actividad. La oposición ha denunciado en varias ocasiones la falta de debate de las enmiendas legislativas o que algunas se hayan votado directamente sin debate previo.

El Tribunal Superior de Casación y Justicia ha anunciado que contestará de momento la primera ley sobre el estatuto de los magistrados ante el Tribunal Constitucional y es posible que en el futuro haga lo mismo con las otras dos.

Hoy estaba previsto que se debatieran las controvertidas modificaciones del Código Penal y Código de Procedimiento Penal que han generado protestas por parte de jueces y magistrados a lo largo de esta semana si bien debido al reducido número de senadores presentes se ha aplazado el debate hasta el próximo 15 de enero.

Protestas de diferentes sectores

Cientos de magistrados protagonizaron a principios de esta semana una protesta silenciosa en Bucarest y otras ciudades en contra de la reforma de la Justicia. A diferentes horas y sin previa coordinación se fueron concentrando frente a sus respectivos Tribunales. Los futuros jueces quisieron también sumarse a la protesta se concentraron en las puertas del Instituto Nacional de la Magistratura de Bucarest tal y como informa Euroactiv. También se unieron a las protestas los estudiantes de Derecho.

En Cluj participaron 80 jueces y fiscales, en Botoșani unos 30 y también hubo protestas en Brașov, Covasna, Sălaj, Iași, Constanța donde se sumaron fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción.

En Sibiu la dirección del Juzgado  envió un comunicado anunciando 4 días de huelga en contra de las modificaciones de la ley. Y en Galați, donde más de 50 magistrados protestaron. El presidente del Tribunal explicó que su protesta está motivada por los cambios negativos que estas leyes traen consigo. Concretamente mencionó por un lado el hecho de que no se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Superior de la Magistratura y por otro lado advirtió de los efectos que las futuras modificaciones previstas del Código Procedimiento Penal y Código Penal tendrían sobre los probatorios.

En este mismo sentido el Consejo Superior de la Magistratura publicó esta semana una carta abierta dirigida a Florin Iordache pidiendo que la Justicia siga siendo uno de los tres poderes del Estado y solicitando un período de consulta con los magistrados para llevar a cabo una evaluación técnica y sugerencias para las propuestas de modificación del Código del Procedimiento Penal y del Código Penal que actualmente se encuentran en fase de debate en el Parlamento.

En duros términos se expresó también el Jefe de Homicidios de la Policia Nacional, Radu Gravis, en una entrevista para un canal de televisión en las que criticaba las modificaciones previstas para el Código Penal que desmontaría cualquier caso donde se investiguen delitos con violencia. Fue especialmente crítico con la medida de eliminar como medio de prueba las imágenes de las cámaras de vigilancia lo que según afirmó haría que el sistema judicial rumano retrocediera veinte años. Además insistió en que en los últimos 6 años muchos delitos graves de homicidio, o pedofilia han sido solucionados gracias a las existencia de cámaras de vigilancia en el espacio público.

A las críticas públicas se han sumado las Embajadas de siete países europeos, (Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda y Suecia) en Rumania que han firmado un comunicado conjunto haciendo hincapié en que debría evitarse el debilitamiento del sistema judicial y de la lucha anticorrupción.

En el texto mencionan que “en los últimos 10 años Rumania ha llevado a cabo significativos progresos en materia de Justicia y consideran que las recientes leyes que se están aprobado, así como las futuras reformas del Código Penal y el Código del Procedimiento Penal, pueden poner en peligro los avances realizados hasta ahora”.

La semana pasada el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa solicitó a Rumania que remitiera, hasta el 15 de enero del año que viene, toda la información relacionada con las leyes de reforma de la Justicia para analizarlas en la siguiente reunión de dicho organismo que se celebrará en marzo del 2018.

En su comunicado se especificaba que por primera vez se ven obligados a aplicar un artículo de su reglamento recién introducido que se utiliza sólo en las circunstancias en las que la actuación institucional o iniciativa legislativa de un Estado pueda atentar gravemente contra los esfuerzos de lucha contra la corrupción de un miembro del Consejo de Europa.

El presidente Klaus Iohannis en recientes declaraciones ha advertido de que Rumania corre el riesgo de seguir los pasos de Polonia y perder su derecho de voto en el UE ya que la Comisión Europea ha establecido que existe riesgo de violación del Estado de Derecho.

Consecuencias de las reformas

Para saber más

  • La semana pasada el Senado aprobó las modificaciones de la Ley de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) de forma que tanto antiguos como de los actuales diputados acusados y sancionados por delitos de incompatibilidad de cargos o conflicto de intereses no lo estén más y pese a haber sido inhabilitados para ocupar funciones públicas puedan de nuevo ser candidatos. Un total de 675 representantes políticos nacionales y locales dejarían de estar sancionados tras la aprobación de esta ley que sigue su curso para ser promulgada. La ley pasará ahora a manos del Presidente quién bien podrá aceptarla o reenviarla al Parlamento para debatirla de nuevo.
  • Los últimos tres presidentes del Partido Social Demócrata (PSD),  partido en el poder, se han visto envueltos en varios casos de corrupción. Uno de ellos cumplió condena (Adrian Năstase quien fuera Primer Ministro), su sucesor Victor Ponta, quien, también fue Primer Ministro, está pendiente de juicio mientras que el actual presidente del partido y de la Cámara de Diputados Liviu Dragnea se encuentra actualmente investigado en varios casos de abuso de poder y corrupción.
  • Según el informe anual del 2016 publicado por la Dirección General Anticorrupción el año pasado la DNA envió a juicio por delitos de corrupción a 1270 acusados de los cuales: 3 ministros, 6 senadores, 11 diputados, 47 alcaldes, 16 magistrados y 21 directores de empresas nacionales.
  • Más de un cuarto de ellos fueron acusados de abuso de poder creando un prejuicio económico de 260 millones de euros.
  • 870 de los enviados a juicio han sido condenados (un europarlamentario, un senador, un ministro, cinco presidentes del Consejo Regional y 28 alcaldes).
  • La mayoría de las investigaciones del DNA se enfocaron en casos de fraude y corrupción en licitaciones públicas en especial en infraestructura, IT y sanidad. En todos estos casos se ha investigado la adquisición de bienes y servicios con costes inflados desde el 50 al 800%, los cuales no han sido fruto de errores sino de abusos de poder que enmascaraban sobornos o beneficios.
  • Los jueces confiscaron y recuperaron bienes por valor de de 226 millones de euros.
  • Un juez de la DNA se ocupa de una media de 100 casos simultáneamente.

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