Foto: republicagt.com
En la última semana la atención pública y mediática rumana ha estado centrada en el nuevo decreto Ley emitido por el Gobierno rumano. La aprobación de esta norma ha dado lugar a una serie de protestas ciudadanas y reacciones políticas ya que llega apenas unos meses antes del inicio de las elecciones presidenciales.
El Decreto Ley, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, modifica algunos artículos de la Ley 393/2004 sobre el Estatuto de los Cargos Electos Locales. Dichas modificaciones contemplan que a partir de ahora alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, concejales y los candidatos declarados suplentes puedan en un plazo de 45 días, hasta mediados de octubre a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, expresar por escrito a qué partido político quieren pertenecer sin correr el riesgo de perder su función.
Hace 8 años antes de que se aprobara la Ley 249/2006, conocida como la Ley Antitrásfugas, promulgada justamente para impedir la migración política de los representantes locales, los cargos locales electos tuvieron también un plazo de 45 días para elegir definitivamente el partido al que querían pertenecer. Transcurrido dicho plazo aquellos que quisieran representar a otro partido debían dimitir y presentarse de nuevo como candidatos en las listas de la formación política elegida. La principal diferencia que el Decreto introduce es que les permite cambiar de partido sin perder su cargo.
El gobierno justifica la recién aprobada norma aduciendo las graves dificultades que existen en las administraciones locales para constituir mayorías tras la ruptura de la coalición gubernamental USL (Unión Social Liberal) integrada por el Partido Social Demócrata del primer ministro Victor Ponta y el Partido Nacional Liberal. Dicha coalición arrasó en las elecciones locales de junio del 2012 obteniendo más del 50% de los votos frente al casi 20 % obtenido por el partido de la oposición, el Partido Demócrata Liberal (PDL).
Tras la entrada en vigor de la norma los líderes de algunos partidos políticos solicitaron al Defensor del Pueblo que accionara de oficio denunciando la incostitucionalidad del Decreto ante el Tribunal Constitucional. Por el momento los expertos de la oficina del Defensor del Pueblo siguen estudiando los argumentos presentados.
Las reacciones de las Embajadas tampoco se hicieron esperar. Entre las que han declarado públicamente su desacuerdo, tanto con el contenido como con la forma y período en la que se ha aprobado la norma, se encuentran las Embajadas de Estados Unidos y Reino Unido. Ambas, en sendos comunicados, reprueban la utilización excesiva de las Ordenanzas de Urgencia para la aprobación o modificación de leyes que deberían ser discutidas en el Parlamento.
Asimismo el pasado domingo 31 de agosto grupos de ong’s y ciudadanos convocaron manifestaciones y protestas en contra del Decreto en varias ciudades rumanas (Cluj, Sibiu, Bucarest y Timișoara). La más numerosa fue la de Bucarest en la que participaron unas 200 personas. Entre las peticiones de los manifestantes destacaron:
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Retirada inmediata del Decreto Ley sobre la Migración de los Cargos Electos Locales.
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La creación de un Pacto Nacional contra la migración política firmado por los principales partidos y sus candidatos comprometiéndose a no aceptar en sus filas a cargos electos locales o parlamentarios de otros partidos.
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Simplificación del procedimiento de revocación de alcaldes Ley 286/2006 a través del cual los ciudadanos puedan solicitar un referendum para solicitar la dimisión de los alcaldes tránsfugas.
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Reforma de la Ley Electoral y la Ley de Partidos.
Información relacionada: Hotnews
Fuentes: Agencias, prensa rumana, blogs (VoxPublica, Think Outside the Box), Ong´s ( Activewatch, Pro Democracia, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe,Centrul pentru Jurnalism Independent, Comunitatea Uniți Salvăm).
